La LPI: una ley en contra de la democracia

El Partido Popular ha conseguido aprobar la nueva Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) gracias, como no, a su mayoría absoluta. La LPI coarta la democracia participativa y afecta sobremanera la libertad de información y debería ser revocada o modificada. El gobierno Rajoy tiene una extraña fijación en recortar las libertades de los ciudadanos a toque de ley. En estos años de gobierno han creado o han intentado aprobar la Ley Gallardón contra la libertar de las mujeres y su propio cuerpo en materia de abortos, la Ley Mordaza que reducía las libertades de manifestación y ahora atacan con la LPI.

Uno de los puntos más llamativos de esta ley es la llamada Tasa Google, que pretende hacer pagar a páginas webs por enlazar contenidos de periódicos. Google News ya ha dicho que cesará su actividad en España si le hacen pagar por ofrecer ese servicio. Otras plataformas como Menéame donde los usuarios son los encargados de enlazar las noticias para que los otros usuarios las voten y subir así a portada, también se verá afectada por la tasa Google. Y esto beneficiará a las empresas de comunicación que desde la aparición de internet han perdido peso a la hora de marcar la agenda de noticias.

Esta ley afectará, por tanto a la libertad de información está recogida y amparada por el artículo 20 de la Constitución Española, ley de leyes que deberían, a priori, respetar y proteger todos los gobernantes. Pero la LPI no solo choca con la C.E en este aspecto. El propio Tribunal Supremo tiene dudas de la compatibilidad de esta ley con directivas europeas por el modelo de compensación por copia privada, puesto que esta compensación, según la nueva Ley de la Propiedad Intelectual queda incluida en los presupuestos generales del Estado.

Todas estas leyes que tienen por bandera la protección de los derechos de los autores, de los creadores, de la cultura en general y la lucha contra la “piratería”, no son más que instrumentos que pretenden ayudan a mantener un control y un estutus, sobre todo de los editores, distribuidores y productores, que con la aparición de internet y el intercambio de archivos se ha ido al traste. La caída en las ventas de CD’s, DVD’s y las entradas a los cines tiene más que ver con el precio desorbitado al que han llegado estos productos, que se han convertido en artículos casi de lujo, más que piratear contenidos, con el afán del no pagar por obtener algo de manera gratuita.

Comparar el pirateo o el intercambio de archivos con el robo o la estafas, sentenciando y afirmando que todos usuarios que se descargan música o películas online son ladrones, es tendencioso, malintencionado y mentira. Según la RAE, robar es quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. O como dice la segunda acepción, tomar para sí lo ajeno y cuando una persona se descarga una copia en su PC, Spielberg o Almodóvar no se quedan sin su película, ni sin el dinero de la taquilla tampoco, ya que un gran número de personas jamás habría ido al cine a ver esa película, ya que en ocasiones el robo y la estafa es que te devuelvan el dinero por ver verdaderos bodrios en el cine.

A modo de conclusión podríamos afirmar que esta ley es antidemocrática, en algunos de sus puntos, ya que sin información no hay democracia. La información es uno de los pilares fundamentales para conocer la verdad de los hechos que nos rodean. Poner trabas al flujo de la información es poner trabas a la verdad y tal como dice la conocida frase: “la verdad, nos hará libres”. Si realmente creemos que la verdad nos puede proporcionar un alto grado de libertad y aplicamos las palabras de Platón recogidas en el libro Atardecer de Atenas: sin libertad no hay democracia. Por lo tanto la nueva Ley de la Propiedad Intelectual nos hace un poco menos libres.